30 de abril de 2013

¿No se le cae la cara de vergüenza a Wert tras el dictamen del Consejo de Estado?

El Consejo de Estado publicó el pasado día 18 de abril un dictamen en el que criticaba con inusitada dureza el brutal sesgo ideológico y la carencia de sentido educativo en la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa que el ministro Wert y el Gobierno al que pertenece pretenden imponer a la sociedad española.
El Consejo de Estado pide que se alcance un acuerdo con las fuerzas políticas y sociales para dar estabilidad al sistema, y este anteproyecto ha conseguido el rechazo de todas las organizaciones representativas de la comunidad educativa de la enseñanza pública, así como de la mayoría de partidos con representación parlamentaria, pues no ha habido ni negociación ni acuerdo.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos denuncia que, sin embargo, el Consejo de Estado no ha tenido acceso a las razones de su oposición ya que el Ministerio de Educación retiró del expediente de la LOMCE que envió al órgano consultivo "cualquier documento contrario a sus tesis". Para CEAPA, esto significa que la legislación volverá a cambiar en cuanto se produzca un cambio de gobierno, "utilizándose así la ley como un medio revanchista", en lugar de encontrar una norma duradera y de consenso. 
Además, CEAPA ha criticado que se haya fijado para el 10 de mayo la aprobación del proyecto de LOMCE en Consejo de Ministros, un día después de la convocatoria de huelga general en el sector educativo. En su opinión, esto se debe a que "Wert sabe que la huelga va a ser un éxito" y quiere desanimar la participación.

Sobre uno de los puntos más polémicos de la LOMCE para las comunidades con lengua propia, el que defiende que si un alumno pide las clases en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, la autonomía deberá costearle las clases en un centro privado, los expertos del Consejo de Estado señalan que dicho aspecto "no debería figurar en la ley". El Consejo propone que sean las Consejerías de Educación de estas comunidades las que determinen qué porcentaje debe darse en el uso de ambas lenguas en la enseñanza, rechazando que se deba pagar clases en castellano al alumnado que lo demande. Esto supone validar el modelo actual. Y pide que se vuelva a lo que marca la normativa vigente en cuanto a distribución de competencias entre las comunidades y el estado en lo relativo al diseño del currículum, volviendo al 55/65% en función de si tienen lengua propia distinta al castellano o sólo castellano, calificando de incoherente la distribución que se propone en la LOMCE.
Respecto a la segregación en razón del sexo, el Consejo reconoce que el sistema de coeducación o educación mixta ha “constituido, sin duda, un avance en el tratamiento de la igualdad de género que es constitutivo de la democracia…” y reconoce que los centros concertados no tienen un derecho “incondicionado a la financiación pública, afirmando que la educación segregada podría financiarse de forma excepcional si se demuestra fehacientemente que es para mejorar la enseñanza en determinadas ocasiones, y no de forma generalizada como se pretende. El concierto en estos casos debería justificarse y conllevar "la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad".
También pone en cuestión la especialización curricular de los centros y alerta sobre la falta de equidad en el acceso a estos centros.
El Consejo cree bueno el poder otorgado al director pero considera que deben mantenerse algunas atribuciones al consejo escolar y al claustro. Eso sí, critica abiertamente también al porcentaje reservado a la Administración en la comisión de selección del director porque se contradice con la autonomía de centro que se quiere impulsar y pide que se recupere como mérito para ser director, ser profesor del centro.
El apartado de Financiación es demoledor para el Ministro, pues el Consejo de Estado observa la “insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”, al mismo tiempo que pide al Ministro que publique “los costes efectivos del anteproyecto de Ley y la fijación, siquiera sea sumaria, de los compromisos en el tiempo para su financiación”, y acaba denunciando la insuficiencia económica para aplicar las medidas que plantea la reforma.
Finalmente el Consejo de Estado solicita que se replantee el calendario de implantación. 

Aspectos educativos

Respecto a las evaluaciones o reválidas reconoce que las que plantea el anteproyecto de LOMCE podrán ser llevadas a cabo por empresas externas e insta a que sea profesorado de centros de enseñanza pública quien las haga. Denuncia el stress infantil que pueden suponer la proliferación de evaluaciones o reválidas en Educación Primaria. También se cuestiona la posibilidad que se abre de que las universidades puedan hacer pruebas específicas, ya que su puesta en marcha supondría acabar con la equidad en el acceso a la enseñanza superior. En este caso el Consejo dice que deberán "contribuir a diagnosticar y corregir los problemas del sistema educativo español así como a incentivar el esfuerzo de los alumnos".
Aunque dicta que las evaluaciones individualizadas de la LOMCE no exceden de las competencias del Estado en materia educativa, aconseja que la Educación Primaria -6 cursos- se estructure en dos ciclos de 3 cursos cada uno y se hagan evaluaciones al término de cada uno de ellos.
Asimismo el Consejo de Estado, a la vez que pone en tela de juicio la desaparición de la Educación Cívica en Primaria y Secundaria, cuestiona que la enseñanza de la religión tenga una alternativa obligatoria como plantea el anteproyecto de Ley, pues, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, el alumnado de religión no estudiaría nunca competencias cívicas y sociales. La solución debería pasar porque la religión salga de la escuela. Para la CEAPA, "eliminar la asignatura es una victoria de la Conferencia Episcopal Española, institución que ha logrado además, que se ponga una alternativa dura a Religión, con el único fin de llevar más alumnos hacia esta asignatura. Con el planteamiento de la LOMCE el Gobierno desoye a la Comisión Europea y las distintas sentencias de diversos tribunales superiores de justicia sobre el tema".
El Consejo comparte con Educación que la introducción de los Ciclos de Formación Profesional Básica, en lugar de los actuales programas de cualificación profesional inicial, "puede ser un instrumento eficaz para encauzar académica y profesionalmente a aquellos alumnos que, con 15 años cumplidos, no están en condiciones de conseguir las competencias propias de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria". Es decir, avala los Ciclos de Formación Profesional Básica como herramienta para reducir el fracaso escolar.
Establecer una trayectoria académica que encamine a los alumnos hacia la FP, señala, "puede servir para hacer frente a uno de los problemas más importantes del sistema educativo español, que es, junto al abandono escolar prematuro, el escaso número de titulados en estas enseñanzas". Manifiesta, sin embargo, dudas sobre el acceso a la prueba del título de Bachillerato desde Ciclos Formativos, ya que no se especifican las materias troncales de las que habrán de examinarse los alumnos
Otra de las críticas del Consejo es la denominación de las asignaturas en troncales y específicas. Se vuelve a los antiguos conceptos de importantes y marías. Recomienda que se mantenga como optativa obligatoria para su oferta la Educación Artística (aunque la explicación parece que avala que sea obligatoria, finalmente se decanta por que se obligatoria la oferta en los centros), al igual que la segunda lengua extranjera y Cultura Clásica. Es la misma posición que se adopta para muchas otras optativas en todas las etapas educativas. Igualmente no cree necesaria la división entre Bachillerato de Humanidades y el de Ciencias Sociales
Y sigo pensando, ¿No se le cae la cara de vergüenza a Wert tras el dictamen del Consejo de Estado? ¿No se le cae la cara de vergüenza a Wert por sojuzgarse a la sotana?  ¿No se le cae la cara de vergüenza a Wert tras tras haber puesto de acuerdo desde el AMPA de un colegio de primaria de un lugar remoto hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas? Claro que, perteneciendo al Gobierno que pertenece, puede entenderse con mayor facilidad.

Algún día nos daremos cuenta de que la Educación no debe ser un arma de adoctrinamiento - quienes la padecimos en nuestra infancia todavía lo tenemos presente. Ni debe ser una moneda de cambio. Es el valor más importante en el que debemos invertir para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pero mientras sigamos teniendo políticos de este nivel (y les sigamos votando), estaremos hipotecando ese futuro. Y TODOS somos responsables.

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